CANARIAS LACERADA, II- V

CANARIAS LACERADA, II- V

ALZAMIENTOS Y MOTINES CONTRA LA  REPRESIÓN COLONIAL EN CANARIAS

Capitulo V

Eduardo Pedro García Rodríguez

Año1719: Moya-G. Canaria. El vecindario desea expulsar,  al teniente de cura y al mayordomo, por estar  descontentos con los mismos.

Año1719: Tirajana-G. Canaria. El pueblo se alza contra el alcalde  de aguas Fernando Quevedo, por los abusos cometidos en los vecinos.

Año 1720: Santa Cruz de Tenerife. Expulsado el factor Navarro, con la complicidad del capitán general Landaeta, la Metrópoli no ceja en su política de esquilmación de las islas, así pues crea la figura del intendente real en la colonia. Para implantar este nuevo empleo y poner un poco de orden entre los soliviantados empleados de la corona, desembarcan en una oculta caleta de Las Palmas, pues temían que las islas estuviesen envueltas en una sangrienta revolución, desengañados de su error, se dieron a conocer.

El comisionado regio D. José de Chaves, nuevo capitán general en sustitución de Landaeta, impuso a D. Juan Antonio de Cevallos como flamante intendente general de Canarias. Retirado Chaves a su gobierno de Alicante en abril de 1719, le sustituye D. Juan de Mur y Aguirre, sujeto de nefasta memoria en las islas.

Como ya hemos expuesto en otro lugar, la principal fuente de ingresos extras de los altos funcionarios españoles en Canarias, procedían de los chanchullos y gangocheos que practicaban con el comercio, especialmente con mercaderes ingleses. El contrabando, la recepción de mercancías procedentes de navíos piratas o corsarios era práctica habitual. Esta situación, que siendo irregular era aceptada o tolerada por todo el estaf, especialmente cuando era práctica corriente en los capitanes generales, máximos representantes de la corona en la colonia. Estas actuaciones irregulares no tardarían en enfrentar al intendente Balmaceda con el general Mur, llegándose a mantener las hostilidades abiertamente bajo la excusa de un incidente protocolario, al negarse Balmaceda a dar al general el tratamiento de Excelencia que éste le exigía. Así pues la oligarquía local, y el clero, tanto regular como secular, dirigidos solapadamente por el capitán general, comienzan a tejer alrededor de Balmaceda una red de intrigas tendentes a conseguir el acoso y derribo del molesto intendente, dirigida desde los púlpitos de las iglesias y los corrillos santacruceros. Con esta labor da zapa, fueron predisponiendo los ánimos del pueblo en contra de Balmaceda, lo que, por otra parte, no precisaba de grandes esfuerzos, pues la actitud altanera, despótica y de desprecio hacía el pueblo de que siempre han hecho gala los funcionarios españoles, eran motivos suficientes para tenerle encontrado.

El intendente Balmaceda sabía perfectamente que el fracaso de su antecesor Navarro, se debió al hecho de haber encontrado un muro en la actitud del general Landaeta, situación que se reproducía en sus relaciones con el corrupto Mur. Así las cosas, remite un minucioso y extenso memorial a la corona española exponiendo los pormenores de su gestión y las posibles soluciones para poder llevar a efecto su comisión y, entre otras cuestiones exponía que: «Fue servido S.M. que hallándome sirviendo la superintendencia de rentas generales Cádiz (16 de marzo de 1718), mandarme pasar de intendente a estas islas, y a don José de Chaves por gobernador y capitán general de ellas, con motivo de la novedad que se ejecuto con don Diego Navarro,[...]Luego que llegué fui notando con la experiencia lo que me habían asegurado los informes [...] prosigue dando razón del modo y precio que se pago la compra del tabaco y afirma que no sólo no ayo quien le apoyase, sino que fomentaban contra él a los interesados; [...] porque en éstos fraudes se interesaban todos los que intervenían en la descarga; que estos descubrimientos motivaban a desear y solicitar la discordia con el capitán general e intendente, persuadiendo a aquél que debe incluirse, como tal capitán general en muchas cosas dependientes de la intendencia a fin de que sus instancias, ayudadas con otros cautelosos informes, puedan  persuadir no conviene aya otro ministro; y con esta mira proponen a la ignorancia del pueblo diferentes imposturas, desfigurando lo decoroso de la intendencia con la voz de estanquero, suponiendo precisa la autoridad de la capitanía general para sus expedientes». Balmaceda continua su extenso memorando y concluye con los siguientes planteamientos: «que por estas experimentadas y continuas desazones que, cuando no embaracen eternamente hacer el servicio, dilatan la más breve ejecución y exponen a competencias impertinentes, me veo precisado a representar a V. M. Y repetir el medio que se me ha ofrecido más proporcionado para obviar estas instancias, el apartar de esta isla al capitán genera, por ser el que con su comercios ocasiona estas displicencias, nacidas de lo que llevo expresado, por sus abusos; y lo que dio motivo a vivir en ella a los capitanes generales fue el tener la superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la isla de Canaria, donde está la Real Audiencia de que son presidentes, y siendo más proporcionada por este respecto a la habitación en aquella isla, donde reside también el tribunal de la inquisición y está la iglesia catedral. No será extraño se le mande pase a ella el actual capitán general, para que él y sus sucesores autoricen aquel tribunal y tengan con la custodia y resguardo que se necesita la isla y ciudad, por estar más expuesta a invasiones de enemigos que, en otras ocasiones, se han experimentado por lo acomodado sus playas en los desembarcos.»

La tensión ente ambos funcionarios de la metrópoli había alcanzado el límite, y como en situaciones similares anteriores, tanto el clero como el capitán general, se valieron de la ingenuidad del pueblo para, mediante los elementos infiltrados, caldear los ánimos y acometer contra el intendente. La ocasión se les presentó en la mañana del 19 de junio de 1720. Sucedió que un esclavo guanche de Güímar, criado del intendente mantenía relaciones con una joven también guanche, y al parecer fueron sorprendidos por la esposa del intendente en situación amatoria, ésta, hizo que su marido apresara e encarcelara de manera arbitraria a la joven amenazándola además con ponerla en la picota. Esta mujer era extremadamente querida por el pueblo, por ello en cuanto se extendió la voz de que había sido encarcelada por el intendente, y que pretendía exponerla la vergüenza pública, explotó la espoleta retardada que el general y sus secuaces habían puesto en marcha. Se sublevo el pueblo y marchó sobre la casa de Cevallos para exigirle la puesta inmediata en libertad de la joven, el altivo intendente recriminó de manera airada y en tono despreciativo la actitud de los amotinados, éstos comenzaron a arrojar piedras contra las ventanas de la casa, una dio en la cabeza de Balmaceda hiriéndole, asustado corrió a su despacho y redacto una nota para el general quien –casualmente– se hallaba en La Laguna, y al parecer enterado del alzamiento se dirigía a Santa Cruz cuando fue alcanzado por el mensajero, quien entregó el escrito a Mur, donde el intendente le decía escuetamente Estoy herido y ya V.E. estará contento. Mientras tanto, los acontecimientos en la plaza se habían desbordado, instigados por los infiltrados del general, la muchedumbre había irrumpido en la casa del intendente y le había apuñalado cayendo muerto en el acto, a continuación movidos por la inmensa aversión que las despóticas actuaciones de Balmaceda habían despertado en la muchedumbre sacaron el cadáver y lo arrastraron por algunas calles de la población, sin que, significativamente, los oficiales y milicianos de presidio en el castillo de San Cristóbal, hiciesen nada por evitarlo.

Instalado el general Mur, en sus aposentos de Santa Cruz y “impuesto” de los sucesos acaecidos, en un intento de alejar de su persona toda sospecha de participación en los acontecimientos, (recordemos que a Landaeta le costó el puesto su participación en los secesos de Navarro) comienza una despiadada y criminal represión contra un pueblo indefenso; hace detener y encarcelar a cientos de personas sin antes averiguar si habían participado o no en la sublevación, instruye procesos sin dar descanso a los jueces; declara culpables a doce de los detenidos y sin darles oportunidad de defensa ni de apelación son condenados a muerte, y asesinados el 26 de junio, en que fueron colgados de las troneras del castillo de San Cristóbal, tardándose en la operación cuatro horas quedando los cadáveres expuestos a la vista de los habitantes de la  consternada villa. No contento con este brutal crimen, la saña del general se cebó en los infelices presos condenando a más de treinta de ellos a presidio y a otros a galeras, alejando así de la isla a posibles molestos testigos de su participación en los hechos.

Debemos lamentar que algunos autores edulcorados, fieles aduladores de los poderosos, y vividores a costa del sistema imperante, se hayan permitido ofender  la inteligencia de los canarios dando a personajes como el general Mur, el calificativo de “padre de los pobres”, es evidente que éstos ignoraban lo que significa ser padre, y mucho más, ser pobre en una sociedad colonizada como lo es la nuestra. (Eduardo Pedro García Rodríguez)

Año 1720: Teguise-Lanzarote. Al intentar imponer la Aduana el almojarife Manzaneda, el pueblo se rebela contra el gobernador  de la isla.                                         

Año:1720: Betancuria-Fuerteventura. Como consecuencia de la terrible hambruna que padecen los vecinos, estos deciden secuestrar el arca de quintos (los fondos de los impuestos).

Año 1720: Santa Cruz de Tenerife. El pueblo de Santa Cruz se alza contra  las arbitrariedades del intendente Cevallos y su mujer, alentado el motín de manera indirecta,  por el capitán general, quien después  mandó a colgar de las almenas del castillo  de S. Cristóbal a varios de los   amotinados  y condenó a otros a galeras. Según fuentes españolistas este fue uno de los mejores capitanes generales que la metrópoli mandó a esta colonia.

Año 1720: La Vega-G. Canaria. El alcalde real y regidor perpetuo don Blas Carvajal, extorsionaba e injuriaba continuamente a los vecinos, a quienes además acosaba  con multas injustas, situación que motivó el amotinamiento.

Año 1721: Teror-G. Canaria. Los aguamangantes deciden usurpar  el agua del heredamiento de Tenoya,

Año 1722: La Aldea-Canaria. La actuación arbitraria de los  administradores del Marqués de Villanueva del Prado causan el amotinamiento de los vecinos.

1723 diciembre 3.

El motín del 3 al 4 de diciembre  de 1723, con el precedente de 1718 pretendiendo expulsar al alcalde don Juan Abadía,  tiene como motivo el empeño del corregidor  de la isla Villalta en la reelección como alcalde  de don Gerónimo Falcón (1721-1723), sin dejar el hueco establecido por las leyes ni haber  dado la residencia. El levantamiento se reaviva  a las pocas semanas, el 24 de diciembre, para  expulsar a don Gerónimo Falcón que, aunque  ya no era alcalde, continuaba ejerciendo jurisdicción como guarda del estanco del tabaco  de todo el partido de Telde. Lo mismo ocurre unos meses más tarde, tal vez en mayo  de 1724, impidiendo la salida hacia Tenerife  de los doce vecinos llamados por el capitán  general e implicados en una información sumaria hecha ante el escribano F. Quiroga Losada a instancia de don Francisco Amoreto, sargento mayor del regimiento de Milicias de  Telde, para exculparse de la implicación hecha por don Cristóbal de la Rocha, teniente  coronel del mismo regimiento, e inculpar a  éste de haber “movido” a dichos vecinos. A  lo sucedido en Telde en estos años se refiere  el corregidor Núñez de Arce en 1751 cuando, dando cuenta al Consejo de Castilla de  los 17 motines acaecidos hasta entonces en  Gran Canaria, sitúa 4 en Telde, “expulsando  a sus alcaldes y poniendo de mano poderosa  al que querían, conjurándose para quemar los  reales estancos, y llegó a tanto la osadía de  estos vecinos que formaron tribunal de Inquisición y procedieron contra diferentes pobres  mugeres tan várbara e inhumanamente como  se pudiera esperar del gentileismo”.

No fueron los únicos movimientos de protesta que  entonces se produjeron en la isla contra los  alcaldes o que tuvieron a éstos como motivo,  siendo conocidos el que se produjo en Teror  en 1668 contra las diligencias que se estaban  instruyendo como consecuencia de la residencia de su alcalde, los de la Vega en 1721 y  1744 expulsando a sus alcaldes, o los de Guía  en 1724 y Tejeda en 1752 cuestionando su  gestión. Tal vez los movimientos de protesta  contra los alcaldes sean más numerosos de  lo que las fuentes documentales nos revelan  pues Núñez de Arce señala 3 para la Vega  “castigando a sus alcaldes y aun intentando  enterrarles vivos”, no obstante que el Obispo  de Canarias, en su informe-respuesta dado al  Consejo en 1749 sobre la forma de elegir los  alcaldes, sólo señale tener noticias de que en  dos ocasiones hayan echado los lugares a sus  alcaldes, si bien ignora los motivos que tuvieron para ello.

El motín de Telde de 1723 es el resultado final de un acto de resistencia protagonizado  npor la mayoría de sus vecinos contra la elección de alcalde que, en cabeza de don Gerónimo Falcón, primero, y don Mateo Magdaleno, después, pretendía hacer el corregidor de  la isla don Pedro José Villalta y Baeza. Esta es  su motivación principal, pero en su gestación  y desarrollo se deja entrever la rivalidad existente entre las casas de Rocha y Amoreto y,  más concretamente, entre don Cristóbal de  la Rocha, teniente coronel del Regimiento de  Telde, y don Francisco Amoreto Manrique,  sargento mayor de dicho Regimiento. Como señala el tribunal de la Inquisición  de Canarias en su escrito a la Suprema el 6 de  diciembre de 1723 dando cuenta de lo ocurrido en Telde, nada se habría producido si  el corregidor Villalta desde el principio de la  “dependencia” se hubiera arreglado al nombramiento de alcalde según práctica establecida por las leyes del reino y no se hubiese  empeñado en la reelección de don Gerónimo  Falcón, “quien pareze le (h)auía dado (según se dice) du(s)cientos pesos” (1.500 reales).  (Vicente Suárez Grimón)

Año 1724: Guia-G. Canaria. Los moradores salen en defensa del alcalde, ante las diligencias practicadas contra este por el teniente corregidor don Juan Acedo.

Año1724: La Vega-G. Canaria. El sobre guarda del Monte Lentiscal, trata de impedir el aprovechamiento comunal.

Año 1734: Teror-G. Canaria.  Los vecinos se ven obligados a defender  sus derechos de riego con el agua de la  acequia de los Llanos de Teror.

Año 1736: Isla de Fuerteventura. Ante los continuos desfalcos que venía cometiendo el alcalde de la isla, los vecinos se amotinan para expulsarlo.

Año1742: Los Silos-Tenerife. La ocupación por parte de los terratenientes de terrenos comunales dedicados a  canteras y dehesas.

Año 1744: Isla de La Gomera. Los Gomeros se alzan contra una  vez más contra el régimen señorial.

Año 1744: La Vega-G. Canaria.   Los vecinos se alzan contra el alcalde  y regidor perpetuo don Juan de Meneses.

Año 1750: Telde-G. Canaria. Ante el intento de saca (exportar) millo en época de extrema escasez.

Año1750: Teror-G. Canaria. El pueblo se amotina ante el intento de  los herederos de Tenoya de romper las acequias y abercones.

“El 29 de abril de 1483 la isla de Gran Canaria queda incorporada a la Corona de Castilla. En virtud del derecho de invasión y conquista, la Corona se arrogó la propiedad de su territorio experimentando éste una primera distribución mediante el sistema de “repartimientos” con autorización regia, encargándose de llevarlos a cabo el gobernador Pedro de Vera en virtud de la comisión dada por los Reyes Católicos el 4 de febrero de 1480. De esta manera, Pedro de Vera distribuyó el 15 de junio de 1485 entre diferentes personas los terrenos del valle de Tenoya, dándoles para su riego toda el agua del barranco entonces llamado de Arucas y hoy de Tenoya. Las irregularidades cometidas en éstos y posteriores repartimientos dieron motivo a diferentes quejas que la Corona atendió mediante la real cédula de 31 de agosto de 1505 por la que se comisionó al licenciado Juan Ortiz de Zárate para que reformase o confirmase dichos repartimientos según fuese procedente. Informado de lo ocurrido, Ortiz de Zárate confirmó en 3 de enero de 1508 los repartos realizados en el valle de Tenoya, ratificando para el riego de dichas tierras el agua del barranco con toda la que además se pudiera aprovechar por dicho barranco y aguas vertientes a él, mandando, en virtud del poder que tenía de la Corona (de la reina Juana), que nadie tomase agua alguna del barranco de Tenoya ni de las otras que se pudieran aprovechar, aguas vertientes al mismo, debiéndolas haber y tener para sí y para sus herederos y sucesores los dueños de los terrenos de Tenoya.

La asignación del agua del barranco de Tenoya a los terrenos de la costa no generó mayores problemas hasta que, repartidas y roturadas a lo largo del siglo XVI con el carácter de “sequero” las tierras de medianías y cumbres colindantes con los barrancos de la Madre del Agua y de Arbejales (Teror), sus dueños o cultivadores comenzaron a regarlas “clandestinamente” con el agua que debía correr hacía la costa, obligados por la necesidad y, como diría la heredad de Tenoya, valiéndose del “poco celo de los propietarios de Tenoya y las dificultades de vigilar cuidadosamente los barrancos”. La “necesidad” de los unos a aprovechar las aguas que nacían o discurrían por sus tierras y la “legalidad” de los otros para reclamar toda el agua que les había sido asignada en la reformación de Ortiz de Zárate, acabarían enfrentándose cuando el paso del tiempo puso de manifiesto una realidad incuestionable: la merma o disminución de las aguas que llegaban al valle de Tenoya como consecuencia del descenso que desde comienzos del siglo XVII experimentaron los caudales de agua por efecto del retroceso de la superficie forestal ante el avance de las tierras de cultivo. Las partes en conflicto, no obstante, dieron otra interpretación al problema pues, para los de Tenoya, la merma de las aguas se debía al aprovechamiento “clandestino” que hacían los de Teror, en tanto que para éstos el motivo no era otro que la extensión del riego en las tierras de Tenoya en cantidad superior a la establecida en la reformación de Ortiz de Zárate. Con tales interpretaciones el acuerdo no fue posible iniciándose desde el segundo cuarto del siglo XVII un largo conflicto que no se “cierra” hasta que en 1915 el Tribunal Supremo reconoce el derecho de aprovechamiento de las aguas diurnas a los heredamientos de Teror surgidos después del contrato de arrendamiento formalizado en 1739 con la heredad de Tenoya. Esta conflictividad “sorda” o de reivindicación ante los tribunales de justicia se vio acompañada por una conflictividad “ruidosa” o de reivindicación en las acequias mediante la revuelta violenta o el motín como sucedió en 1721 y 1750. Como se trataba de un asunto que afectaba a la colectividad, el fracaso de la conflictividad “sorda” o de la vía administrativa es lo que acaba provocando la aparición de la conflictividad “ruidosa”.” (Vicente Suárez Grimón).